Regresar

El apremio personal de obligados por incumplimiento de pago de pensiones alimenticias y el derecho constitucional a la libertad

Abstract:

El presente trabajo académico de investigación trata sobre el apremio personal de obligados por incumplimiento de pago de pensiones alimenticias y el derecho constitucional a la libertad. La necesidad, importancia y actualidad del tema, recae sobre la medida cautelar de carácter personal que se dicta en contra del alimentante que adeuda más de dos pensiones alimenticias vulnerando el derecho a la libertad personal. Siguiendo esta trayectoria se orienta a la problemática que se ha estado presentando en la vulneración del derecho constitucional a la libertad del obligado a la prestación de alimentos. Al efecto, se examina las alternativas más viables para asegurar el pago de las pensiones alimenticias sin que se prive de la libertad a los obligados cuando incurran en mora. La descripción de la metodología de la investigación posee una lógica general; con las modalidades de campo, descriptiva, bibliográfica, documental; con los tipos o niveles de investigación que es la asociación de variables; con la determinación de los instrumentos de investigación y su procedimiento a fin de desarrollar el estudio del problema. La línea de investigación se enmarca en los “Retos, perspectivas y perfeccionamiento de las ciencias jurídicas en Ecuador”; específicamente a lo que se refiere el primer punto: “El ordenamiento jurídico ecuatoriano, presupuestos históricos, teóricos, filosóficos y constitucionales”, aprobada por la Universidad Regional Autónoma de los Andes “Uniandes”. Los resultados de la investigación pretende elaborar la propuesta de enmienda que consiste en la supresión del apartado final de la letra “c” del número 29 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador y reforma al Art. 137 del Código Orgánico General de Procesos que tienen relación a la privación de la libertad de los obligados por incumplimiento de pago de pensiones alimenticias, permitiendo generar un basamento jurídico y social que no perjudique a ninguna de las partes, asegurando el derecho de los alimentarios y el cumplimiento del alimentante sin ser privado de su sagrada libertad, dando a la administración de justicia un camino eficaz y expedito, que cumpla con los parámetros constitucionales.