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El exceso de poder en las atribuciones conferidas a los funcionarios ejecutores por el artículo primero de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales.

Abstract:

Se comienza con la expresión “exceso de poder”, puesto que no solamente se lo puede estudiar en el sentido de lo político, sino dentro de lo que permite la ciencia jurídica. El Estado, cuya esencia es el ejercicio del poder, en este caso, a través de los órganos de la Administración Pública Central y del sector público institucional, promueve la inserción en su ordenamiento jurídico de prerrogativas que le conceden la posibilidad de actuar a motu proprio y con total legalidad, sin autorización de las autoridades tradicionales –entiéndase los jueces de Cortes y Tribunales de la Función Judicial– para asegurar el pago de sus acreencias mediante facultad coactiva, dotada a algunas instituciones públicas. A esto se le suma que, partir del 2012, se puso en vigencia la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, cuyo artículo primero ha aumentado considerablemente el margen de acción de los funcionarios, al punto de existir duda sobre la existencia de alguna línea que divida lo que se conoce como función administrativa y las potestades jurisdiccionales. Se intentará, por lo referido, analizar la posibilidad de una efectiva defensa ante la evidente desventaja jurídica que existe entre el Estado y estas entidades, y las personas de derecho privado.