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El principio de contradicción y el derecho a la defensa consagrada en la constitución de la República del Ecuador en contraposición a la prueba no solicitada oportunamente

Abstract:

La nueva Constitución de la República del Ecuador publicada, en el registro oficial Nro. 449 de 20 de octubre del 2008, al declarar al Estado como constitucional de derechos y justicia, define un nuevo orden de funcionamiento jurídico, político y administrativo. La fuerza normativa directa, los principios y normas incluidos, las disposiciones constitucionales no requieren la intermediación de la ley, para que sean aplicables directamente por los y las juezas, de esta forma confieren mayor legitimidad al Código Orgánico Integral Penal, publicada en el registro oficial Nro.180 el 10 de febrero del año 2010. En este contexto se adecua la legislación ecuatoriana a los nuevos desarrollos conceptuales que se han producido, para así asegurar un correcto funcionamiento de la justicia penal, por esta razón se incorporan los desarrollos normativos y se los adopta a la realidad ecuatoriana, como mecanismos estratégicos para promover una nueva cultura penal y el fortalecimiento de la justicia. El papel que juega la prueba dentro de cualquier proceso, es fundamental porque de ella se va a obtener la verdad procesal y la convicción del juzgador para declarar el cometimiento o no de un acto delictivo y la responsabilidad penal de un acusado; de ahí la importancia en que todo su desenvolvimiento esté enmarcado en el campo legal, sobre todo el momento mismo de alcanzar el carácter de prueba. En el campo del derecho procesal penal, es donde más se ve reflejado el sentido y el indudable peso que tiene la llamada prueba, ya que gracias a la oralidad y a la inmediación fundamentalmente, tanto las partes como el tribunal vivirán su práctica e incorporación, estarán atentos a lo que ella les trasmita para luego controvertir o deliberar, dependiendo si se trate de parte procesal o de juzgador.