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Estudio de la impugnación judicial de los actos administrativos, y la prohibición de la administración pública de revocar los actos declarativos de derechos

Abstract:

La impugnación judicial de los actos administrativos se los puede realizar a través de dos recursos, dependiendo de la naturaleza del acto, ya sea el recurso subjetivo o de plena jurisdicción, o el recurso objetivo de anulación o de exceso de poder. Ambos deben ser propuestos ante el Contencioso- Administrativo apegados a los principios de legalidad y del debido proceso. Los actos impugnables en estos casos son aquellos que de manera individual o colectiva están causando un perjuicio a las personas, y están afectando sus intereses. Adicionalmente existe un procedimiento especial, el cual es propuesto cuando la propia Administración quiere dejar sin vigencia un acto emitido por ella misma, pero al no poder revocarlo por haber otorgado derechos subjetivos, ésta plantea la declaratoria de lesividad, seguida con su pertinente acción, para dejar sin efecto aquel acto emitido por ella misma, que le está causando un perjuicio. De igual manera, este es una acción planteada ante el Contencioso-Administrativo, siendo una impugnación judicial. Los actos administrativos impugnables en este caso, son aquellos que gozan de estabilidad, han otorgado ya un derecho subjetivo, y por su naturaleza, no pueden ser anulados, ya que esto conllevaría a que la persona afectada incurra en una acción posterior, por lo que se ha establecido un procedimiento especial para que la Administración Pública puede impugnar aquellos actos, aunque emitidos por ella misma, le están causando un perjuicio, por su falta de legitimidad, o alguno requisito para su plena validez.