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Patricipación ciudadana en el diseño y aplicación del plan municipal de Santo Domingo, durante el periodo 2008-2011

Abstract:

La participación ciudadana se convierte hoy en un eje central en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control de las instituciones del Estado para generar poder popular. Así se establece en el artículo 95 de la Constitución del Ecuador aprobada mediante referéndum en el año 2008. El artículo 100 dice además que en todos los niveles de gobierno (parroquia, cantonal, provincial) se deberá crear los sistemas de participación ciudadana. Para dicho ejercicio se establece que deberán desarrollarse mecanismos de participación ciudadana como las audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, entre otros, pero además reconoce otras instancias que promueva la ciudadanía. Frente a este panorama los gobiernos locales tienen un gran reto que es ir involucrando a los ciudadanos/as en la gestión pública a través de la implementación de los sistemas de participación ciudadana. Santo Domingo desde su historia no ha contado con procesos que involucren a los ciudadanos/as en la gestión pública; por lo que la participación ha enfrentado varios problemas desde los administradores como desde la ciudadanía. La construcción de estos sistemas se hace para cumplir la normativa vigente, institucionalizándola y transformándola en clientelar. No existen verdaderos procesos de priorización de obras y planificación con la ciudadanía. Las planificaciones siguen siendo elaboradas en el escritorio de los técnicos y se llevan a asambleas para que los ciudadanos levanten la mano y aprueben. En cambio entre los ciudadanos/as hay un descontento generalizado con el tema porque ven que no hay cambios, pese a que participan y aportan en muchas asambleas y reuniones. Pese a que se aprobó la Ley de Participación Ciudadana y Control Social en el año 2010, el Municipio de Santo Domingo no cuenta aún con una ordenanza para implementar el sistema de participación, pero además las acciones emprendidas no demuestran una participación sistémica, es decir que el principio de participación permita fortalecer la gestión pública y al tejido social.