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Sanciones pecuniarias en las contravenciones de tránsito y los principios de igualdad ante la ley y proporcionalidad

Abstract:

En Nuestro país, consumir alcohol, representa un serio problema social, debido a todas las terribles consecuencias que trae como accidentes, lesiones y hasta muertes, por falta de una regulación equitativa y eficaz; con los años la normativa legal se ha ido endureciendo; sin embargo las sanciones pecuniarias no son equitativas para quienes la infringen, es así que el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) es claro al decir que en el caso de los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefacientes es cero y el nivel máximo de alcohol es de 0,1 gramos por cada litro de sangre y en caso de exceder dicho límite, la sanción para el conductor de transporte público será la pérdida de 30 puntos en su licencia y prisión de 90 días.Por eso sorprende que a pesar de la gravedad de la contravención, no existe una sanción pecuniaria para estos conductores, quebrantando las garantías constitucionales establecidas en el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, como son la garantía de igualdad formal, igualdad material, así mismo existiría una desproporcionalidad en la imposición de la sanción, como determina el 76 numeral 6 de la IBIDEM, mientras que al conductor civil le sacan hasta tres salarios básicos de multa, al conductor de instituciones públicas y a los choferes profesionales de transportación pública y de carga comercial, carece de una multa, con lo cual existe violación al principio constitucional de igualdad y proporcionalidad, y en ese sentido no se cumple con el espíritu de la constitución que es la de sancionar a quienes infringen la norma para que no vuelvan a cometer la infracción, convirtiéndose de alguna forma en un acto de prevención Por eso creo que es necesario regular esta norma para que se pueda imponer una multa a los conductores de instituciones públicas y los de transporte de seres humanos y carga pesada comercial, que debería ser de unos cinco salarios básicos unificados del trabajador en general.