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La interposición de la acción extraordinaria de protección, por parte del estado en calidad de legitimado activo.

Abstract:

La presente investigación tuvo como objetivo general fundamentar doctrinaria y jurisprudencialmente que el Estado solamente puede ser titular de Acciones Extraordinarias de Protección cuando se le vulneren derechos procesales. Dentro de los antecedentes de estudio se tomó como base la Investigación de la Dra. Pamela Aguirre titulada “La transformación de las fuentes del ordenamiento ecuatoriano: el precedente constitucional” así como la investigación de los Doctores Agustín Grijalva y Ramiro Ávila titulada “Eficacia de las Garantías Constitucionales Normativas y Jurisdiccionales en Ecuador”. La metodología que se empleó dentro de la presente investigación fue netamente cualitativa, basada en el análisis de las sentencias más destacadas de la Corte Constitucional del Ecuador en relación a la legitimación activa del Estado para ejercer la Acción Extraordinaria de protección. En el presente estudio se evidenció una discusión en relación a autores como Ramiro Ávila quien es del criterio que el Estado no puede ejercer una Acción Extraordinaria de Protección, pero por otra parte se evidenció en criterio de otro sector de la doctrina como Rafael Oyarte, quien parte del criterio que en base al principio de igualdad procesal si el Estado ve lesionado sus derechos adjetivos si puede intentar esta acción. Esta investigación arrojó como resultado que las entidades públicas son capaces de presentar demandas de acciones extraordinarias de protección cuando se vulneren derechos procesales, por lo que se concluye que dichas acciones deben de realizarse con suma responsabilidad